 Proyecto de ley introduce enmienda que modifica las condiciones para poner en vigencia el Tratado y que fue aplicada para otorgar prórroga a Costa Rica
Semanario. Fuertes dudas y críticas enfrenta un proyecto de ley compuesto por tres enmiendas al Tratado de Libre Comercio entre Centroamérica, República Dominicana y los Estados Unidos (TLC).
Se trata del expediente legislativo 17010, que introduce tres modificaciones al texto del Tratado aprobado en el referendo. De ellas, la que genera polémica es una enmienda pactada entre Estados Unidos y El Salvador el 10 de marzo del 2006.
Esta enmienda obliga al país a pasar por un proceso de certificación, según el cual el gobierno de Estados Unidos hará constar que Costa Rica cumplió con los requisitos jurídicos necesarios para la vigencia del TLC, es decir, la agenda de implementación. Esta agenda está compuesta de doce leyes, de las cuales ya fueron aprobadas la que implicaba la apertura en telecomunicaciones y la de obtenciones vegetales, que permite patentar las modificaciones de formas de vida.
También elimina un plazo de 90 días para la entrada en vigor del TLC en cada país, que debía correr luego de que se notificara el cumplimiento de esos requisitos jurídicos ante la Organización de Estados Americanos (OEA), organismo depositario del Tratado.
Al respecto, Manuel González, exministro de Comercio Exterior, fue tajante al señalar que "lo que está vigente es el texto aprobado el 7 de octubre, cualquier otro instrumento no es obligatorio". Cabe recordar que en esa fecha los costarricenses aprobaron este acuerdo comercial por un estrecho margen.
Para González, la enmienda tiene una parte buena y otra mala. La buena es que elimina el plazo de 90 días adicionales a la aprobación de las leyes de implementación y a la certificación de Estados Unidos, pues opinó que "siempre había que pasar por el ojo de esa aguja".
Lo malo es "el reconocimiento expreso de que se requiere la autorización de Estados Unidos para que entre en vigencia el Tratado", y este es el punto que marca la diferencia para el abogado.
"El país nada más se comprometía a aprobar el Tratado, ahora se da el visto bueno a una enmienda que es más gravosa. Ya estábamos a merced de Estados Unidos para poner en vigencia el TLC, pero ahora todavía más", puntualizó.
El proyecto de ley que se tramita en la Asamblea Legislativa incluye otras dos enmiendas. Una tiene que ver con modificaciones sobre aspectos arancelarios y de reglas de origen de mercancías textiles; la otra modifica la lista de eliminación de impuestos de Guatemala, para conceder un plazo mayor tendiente a desgravar las importaciones de cerveza proveniente de las otras partes del Tratado.
La propuesta cumple su trámite en la Comisión de Relaciones Internacionales y Comercio Exterior de la Asamblea Legislativa, donde ya recibió la aprobación para que se le aplique el célebre artículo 41 Bis del reglamento, que implica un procedimiento abreviado a lo que resta de las leyes de implementación.
"MUERTE JURÍDICA" DEL REFERENDO
Lo que modificó la enmienda cuestionada es el artículo 22.5.2 del Tratado. El texto original, aprobado por elección popular en el referendo del 7 de octubre del 2007, señala que el TLC "entrará en vigor" 90 días después de que el país signatario, en este caso Costa Rica, notifique al depositario del Tratado, es decir la OEA, que cumplió con los requisitos jurídicos necesarios, a saber, la agenda de implementación.
Ese artículo concluye que a menos de que los países parte acuerden otra cosa, para realizar esa notificación el firmante tiene dos años de plazo máximo a partir de la fecha de entrada en vigor del TLC, febrero del 2006.
En otras palabras, primero Costa Rica le avisa a la OEA que ya cumplió con los requisitos y luego corren los 90 días después de los cuales el Tratado entra en vigor para el país. Así mismo, para avisar a la OEA corre un plazo de dos años luego de la puesta en vigencia del Tratado en el 2006, "a menos de que las Partes acuerden otra cosa".
Cabe recordar que los países parte del TLC acordaron otorgarle a Costa Rica una prórroga hasta el próximo 1 de octubre para la entrada en vigor del TLC, en vista de que el país no lograría el trámite ante la OEA antes del límite original establecido para ello, el pasado 29 de febrero.
La enmienda introducida por Estados Unidos y El Salvador, en marzo del 2006, concluye que "a menos que las Partes acuerden otra cosa, el Tratado no entrará en vigencia para un signatario después de dos años desde la fecha de entrada en vigor de este Tratado".
Ello quiere decir que los países parte del TLC pueden ampliar el plazo para que el Tratado entre en vigencia en un país que lo haya firmado, como lo hicieron con Costa Rica al acordar la prórroga hasta el 1 de octubre, basados precisamente en este nuevo texto.
El médico y analista Agustín Páez elaboró un documento titulado "La Muerte jurídica del primer referéndum en la historia de Costa Rica" en el que criticó el hecho de que esa prórroga es concedida a Costa Rica a partir del texto enmendado y no del Tratado que los costarricense aprobaron en el referendo del 7 de octubre.
"¿Cómo puede un texto del TLC inválido para Costa Rica haber generado ya efectos jurídicos, como resulta ser el acuerdo de prórroga?", cuestionó Páez, quien explicó que ello podría tener serias consecuencias legales, como el vencimiento para informar a la OEA, por haber dejado pasar el plazo original del 29 de febrero -estipulado en el texto vigente.
El exministro González reconoce que la principal duda radica en que, si el TLC fue aprobado vía referendo, deba pasar por ese mismo proceso cualquier modificación que se le quiera hacer.
Sin embargo, opinó que ello no elimina la facultad legislativa de introducir modificaciones, "el país quedaría muy amarrado si la situación fuera tan rígida, lo que se busca es que el Tratado pueda evolucionar".
González no encontró los conflictos jurídicos a los que se refiere Páez, pues en su opinión la posibilidad de conceder la prórroga está incluida en el texto original.
Sin embargo, Páez puntualizó que en ese texto original, lo que los estados parte del TLC tienen la potestad de cambiar es el plazo límite para notificar a la OEA, no de mover la fecha final para la entrada en vigencia del Tratado como sí lo especifica el texto enmendado y como de hecho lo hicieron con Costa Rica.
El carácter obligatorio del proceso de certificación obedece a que la legislación interna de Estados Unidos ordena a su presidente a determinar que el país firmante, en este caso Costa Rica, cumple con los requerimientos jurídicos.
Así, Páez denuncia la injerencia que, desde su perspectiva, tiene en el ordenamiento jurídico de Costa Rica una ley interna de Estados Unidos.
"SECTORES PRODUCTIVOS LO PIDEN"
Desde la óptica de Oscar Núñez, jefe de fracción de Liberación Nacional, no existe ninguna contradicción jurídica en torno a que el TLC entre en vigencia en una fecha diferente.
"El Salvador aplicó esa enmienda para que el Tratado se aplicara de manera inmediata, es acogida en Costa Rica y debe ser aprobada porque las enmiendas son parte esencial del Tratado. Nos beneficia, porque los sectores productivos ya están pidiendo entrar al mercado en esas condiciones", apuntó.
Así, para el legislador lo primordial es la eliminación del periodo de 90 días, "la gente votó por la aprobación del Tratado y su puesta en marcha, el fin último es su aplicación"
Sobre el hecho de que la prórroga se le concedió a Costa Rica a partir del texto enmendado, Núñez dijo no encontrar ninguna contradicción legal pues coincidió con la opinión de González. Añadió que "el plazo de entrada en vigencia no es lo esencial del voto de referendo".
En la acera del frente, el jefe de fracción del Partido Acción Ciudadana (PAC), Francisco Molina, criticó el hecho de que con esa enmienda, "al gobierno de Estados Unidos se le dan potestades que antes no tenía, me parece que no debería aprobarse".
Molina informó que al respecto tuvo un intercambio de cartas con el ministro de Comercio Exterior Marco Vinicio Ruiz, quien le aseguró que esta enmienda no es de aprobación obligatoria. "Insistiré con él en el tema, porque si es obligatoria nos pone en un problema, nos podemos quedar sin TLC y sin la Iniciativa de la Cuenca del Caribe".
Molina también cuestionó el hecho de que al país no se le advirtió de la necesidad de aprobar esa modificación previamente al referendo.
Muy puntual al respecto se manifestó el libertario Mario Quirós, para quien, sea por la vía del referendo o en la Asamblea Legislativa, el país debe integrar las modificaciones que los demás países introdujeron en su momento.
Sin embargo, coincidió con Molina en la crítica de que la modificación no fue informada al país en su debido momento: "Al ser una enmienda tan vieja y que fue notificada a su tiempo, hay responsabilidad de alguien en el Ejecutivo por darla por traspapelada o perdida y no es hasta hace poco que se presenta a la Asamblea Legislativa".
Fuente: Semanario Universidad |
